LA DRUMMOND: UNA SANCIÓN INSUFICIENTE


LA DRUMMOND: UNA SANCIÓN INSUFICIENTE

Por: Rafael Colmenares – Miembro de Unión Libre Ambiental.

La multa aplicada a la Drummond por las autoridades ambientales ha desatado una amplia polémica en uno de cuyos extremos se ubican quienes ven, en la que sin duda es la más cuantiosa sanción pecuniaria aplicada en el país por un daño ambiental, un cambio de actitud del Estado frente a los estragos causados por los desmanes de la empresa que, de manera más cínica y despectiva de los derechos humanos y el ambiente ejerce su actividad en Colombia.

La Drummond sería la “oveja negra” pues otras empresas si realizarían su actividad de manera responsable[1] y el Gobierno habría iniciado un viraje hacia el cumplimiento de la Ley. El asunto es realmente mucho más complicado y lo que aparece como una actuación drástica de la Ministra Sarmiento y la Directora de la ANLA no necesariamente hará carrera, al tiempo que se ocultan riesgos consustanciales a la actividad minera y debilidades estructurales del Estado Colombiano. Así, analistas como Guillermo Rudas[2] y Salomón Kalmanovitz son mucho menos optimistas sobre el supuesto viraje y piden decisiones más radicales ante los atropellos de la empresa norteamericana.

LAS TROPELÍAS DE LA DRUMMOND

Hay que señalar en primer lugar que por la forma de actuar y las reiteradas tropelías de la Drummond es relativamente fácil justificar una sanción como la impuesta. Algunos de sus  antecedentes son los siguientes:

  • Cuarenta y tres personas murieron entre 2006 y 2009, atropelladas por el tren que conduce el carbón extraído de la concesión de “La Loma”, en el Departamento del Cesar, hasta el puerto ubicado en las inmediaciones de Ciénaga.

  • Mediante Tutela T-154 de 2013, la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de un ciudadano residente en inmediaciones de la mina en el Departamento del Cesar, cuya familia estaba siendo gravemente afectada por las emisiones de polvo de carbón y el ruido y conminó a la transnacional para que en el plazo de tres meses instalara maquinaria y equipos de última generación a fin de aminorar los impactos. Este es solo un caso entre los múltiples de afectación a la población, atormentada por el ruido y las enfermedades respiratorias.
  • Las relaciones de la Drummond con Sintramienergética son tensas lo que llevó a esta última a realizar una huelga de 53 días el año pasado. La intransigencia de la empresa ameritó un fuerte pronunciamiento del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien además de exigirle el diálogo con los trabajadores, la conminó a rechazar las amenazas del grupo paramilitar los Rastrojos contra miembros de la organización sindical. Por otra parte, tres sindicalistas fueron asesinados en el 2004, sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer totalmente los hechos pero se encuentra condenado por los mismos el administrador de las cafeterías de la empresa.
  • El contrato con la Drummond es particularmente leonino. Las regalías no se pagan por la cantidad de carbón extraído, a “boca de mina”, sino por la cantidad embarcada, la cual es menor por las pérdidas que ocurren durante la operación de transporte y cargue. Los costos presuntivos son determinados por la empresa; el costo del transporte lo asume el Estado colombiano a precios que la Contraloría General de la República ha encontrado excesivamente costosos y que son fijados unilateralmente por Drummond; las regalías se pagan en amplios plazos que no rigen para otras caboneras, estos entre otros privilegios que le han sido otorgados.
  • No obstante lo anterior, la empresa ha presentado más de 30 demandas contra el país y logró que la Cámara de Comercio Internacional de Paris condenara a Colombia a pagarle 60.000 millones de pesos por incumplimientos de Ferrovías, los cuales fueron cancelados el 28 de Diciembre de 2012, unos quince días antes del derrame de carbón que destapó su larga cadena de abusos[3]. La cifra es casi diez veces mayor  que la multa que ahora se le impone!!!

PUEDO PAGAR, LUEGO CONTAMINO.

La aplicación de la multa no implica la reparación del daño causado que incluye restaurar las condiciones del medio ambiente afectado, en este caso los “fondos blandos”  de enorme importancia en la dinámica de la fauna marina. En este aspecto la Resolución 1309 de 18 de Diciembre de 2013, que impuso la sanción, se limita a ordenar a la Drummond el retiro del carbón derramado siguiendo las pautas que establecerá la ANLA en los respectivos términos de referencia. Salta a la vista que debería exigirse la contratación de una entidad experta en este tipo de labores y exigir al autor del daño que cubra los costos de toda la operación, compleja y riesgosa por cierto, y no dejar el asunto a quien tanto desprecio ha demostrado por el medio ambiente.

En cuanto al trabajo comunitario al que también fue condenada la Drummond, no parece ser el mejor aporte para las acciones que en desarrollo del mismo se realizan en  la zona, teniendo en cuenta el pésimo desempeño de la transnacional en materia ambiental.

Por otra parte la Superintendencia de Puertos le aplicó una multa de $1.540 millones por el embarque irregular de carbón en barcazas durante cinco días, lo cual según el economista Guillermo Rudas puede conllevar otra sanción de la ANLA por diez veces ese valor pero esta no se ha pronunciado[4]

El régimen sancionatorio ambiental, actualmente establecido en la Ley 1333 de 2009, se queda corto frente a daños como el ocasionado. De hecho,  el Registro Único de Infractores Ambientales, ordenado  por la Ley dejó de actualizarse en el 2012 y no todas las autoridades ambientales han aportado sus datos. Llama la atención que de 2.859 sanciones registradas solo 82 se refieran a minería, teniendo en cuenta el cúmulo de conflictos que genera esta actividad.  

Con sanciones tan exiguas frente a daños ambientales como el causado por la Drummond   y en relación con las enormes ganancias que deja el negocio[5], el principio “el que contamina paga” se transforma en su contrario: “puedo pagar, luego contamino”.

¿ES POSIBLE UNA MINERÍA SIN IMPACTO AMBIENTAL?

La forma como se viene presentando el  caso Drummond sugiere que habría una minería responsable, capaz de mitigar y compensar el daño ambiental, y que estamos ante la excepción, es decir ante una empresa minera particularmente dañina.

Lo cierto es que la minería y especialmente la que se ejerce en gran escala y a cielo abierto conlleva daños ambientales y sociales inevitables. El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina – OCMAL- reporta 198 conflictos con 297 comunidades afectadas. Colombia con 12 conflictos reportados ocupa el sexto lugar luego de Perú, Argentina, México, Chile y Brasil, en su orden.

En cuanto a las tecnologías utilizadas, el Geólogo Julio Fierro, coautor del documento “Implicaciones ambientales y sociales de la minería en Colombia”[6] no deja dudas cuando afirma: “Los gremios mineros niegan que sean ciertas e inevitables la irreversibilidad o la perpetuidad de los impactos mineros en lo relacionado con la acidificación de rocas con altos contenidos de sulfuros y la consiguiente liberación al ambiente de metales pesados y de otras especies químicas tóxicas. Esta tesis contradice leyes químicas que por supuesto se cumplen en la práctica. Para aludir únicamente a revistas indexadas de las más altas calificaciones científicas, me remito a Science, en su edición de enero de 2010; a Elements, en su edición Mine Wastes de diciembre de 2011, y a Anales de la Academia de Ciencia de Nueva York de febrero de 2011, entre otros”[7].

En cuanto a los impactos sociales tampoco dejan dudas las experiencias en diferentes partes del mundo y en particular de América Latina, donde los emprendimientos mineros han conducido a cambios abruptos en los usos del suelo, desplazamiento de comunidades, violencia y muerte, empobrecimiento, prostitución y otras secuelas. Baste mirar al Departamento del César, donde opera la Drummond: el otrora emporio agrícola y ganadero ha sido reemplazado por eriales.

ABANDONAR EL SENDERO EXTRACTIVISTA


Los dos gobiernos de Uribe y el de su ex – ministro de Defensa, Juan M. Santos, apostaron por la minería en un sendero que había comenzado a abrir Pastrana, en cuyo mandato se expidió el primer Código Minero de la nueva era extractista. Esta decisión no fue consultada con el pueblo colombiano, al cual ahora se le niega el derecho a prohibir la minería aduciendo que el subsuelo es de la nación y de esta manera se pretenden desconocer las consultas populares de Piedras y Tauramena. La adecuación de la legislación a los intereses de las transnacionales mineras ha ido tan lejos que su actividad fue declarada de interés público y social, rango que ni siquiera tiene la producción de alimentos. De ahí en adelante todo se les ha facilitado. Por ello el caso de la Drummond, a pesar del cinismo que la caracteriza,  no puede considerarse una excepción. Forma parte de la destrucción que deja a su paso la locomotora minera, que si no paramos nos dejará sin territorio y sin ecosistemas con base en los cuales pudiéramos construir una nueva sociedad basada en un nuevo sistema de producción ambientalmente adecuado.    

Ahora bien, el caso de la Drummond puede servir para profundizar la oposición a la mencionada locomotora que ya comienza a ser averiada con la resistencia a La Colosa, la defensa de Santurbán, la oposición a la cementera en Villa de Leyva y Gachantivá, la derrota del proyecto de desviación del río Ranchería, en la Guajira, o la alerta contra la explotación de carbón y gas en Tinjacá.

Siendo los desmanes de la Drummond tan rampantes la sanción debería haber sido la cancelación de la licencia ambiental y el cierre de sus actividades. Esto todavía podría hacerse si se avanza en la investigación sobre los daños causados. De revertir al Estado la concesión podría iniciarse una transición hacia el abandono del modelo extractivista,  constituyendo una empresa pública colombiana que continuara sacando el carbón en forma segura, y limitada[8]. Las ganancias de tal actividad se podrían dedicar a la recuperación de la vocación agrícola y pecuaria del Departamento del Cesar y en general de la región costera al oriente del río Magdalena, con nuevos sistemas productivos agroecológicos y la redistribución democrática de la tierra. En un segundo momento se abandonaría para siempre la minería del carbón aún antes del agotamiento de los yacimientos. Para ello necesitaríamos desde luego  una  transformación política profunda y, desde luego, un cambio en la orientación del modelo económico pues hoy en día los ingresos del Estado colombiano dependen en una cuarta parte de la gran minería y la explotación de hidrocarburos.

Finalmente el caso pone de presente una vez más la urgencia de llevar adelante la Iniciativa de Moratoria Minera uno de cuyos doce puntos pide precisamente que: “Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana”[9].




[1] Véase al respecto el artículo de María Elvira Samper, “Drummond, la oveja negra”, en El Espectador, 11-01-2014
[2] Véase “Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia” en www.razonpublica.com , 20 de Enero de 2014.
[3] Véase, “Drummond: un desastre ambiental, económico y social” por Alvaro Pardo en www.razonpublica.com , 18 de Febrero de 2013.
[4] Véase, “Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia”, por Guillermo Rudas en www.razonpublica.com, 20-01-2014.
[5] Las exportaciones diarias de la Drummond tienen un valor de once mil millones de pesos.
[6] Este documento forma parte del libro de la Contraloría General de la República denominado: “Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista”, Bogotá, 2013.
[7] Véase, “Megaminería y daños ambientales: deuda a perpetuidad” en www.razonpublica.com , 7 de Julio de 2013.
[8] La reversión de la concesión, que vence en 2019 y la constitución de una empresa mixta es propuesta por Salomón Kalmanovitz en el artículo antes citada. Guillermo Rudas propone una empresa pública.

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